El gobierno de José Antonio Kast avanza con una promesa de campaña que podría desfinanciar a los municipios chilenos: eliminar gradualmente el impuesto territorial, comenzando por eximir a los adultos mayores del pago de contribuciones por su primera vivienda. El Mandatario lo calificó como «injusto» que paguen «un arriendo por lo que es suyo», mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el derecho de los mayores a «vivir tranquilos» sin el recaudador. La medida, presentada en el proyecto de ley de «Reconstrucción Nacional», reactiva un debate que enfrenta alivio social con estabilidad fiscal local. El impacto fiscal es inmediato y sustancial. El impuesto territorial representa cerca del 54% de los recursos del Fondo Común Municipal, recaudando solo en el primer semestre de 2025 casi $798 mil millones. Alcaldes como Maximiliano Luksic (Huechuraba) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) advierten que cualquier cambio sin compensación afectaría seriamente a los municipios, pues es «instrumento fundamental para el financiamiento local y la equidad territorial». La tensión expone la fragilidad del sistema actual, que genera cargas crecientes sobre familias sin aumentos de ingresos.
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