El gobierno de José Antonio Kast lanzó una auditoría integral de todo el aparato estatal, una medida que busca detectar irregularidades en el gasto público y que llega con un diagnóstico previo: en algunas reparticiones los procesos de auditoría funcionan ‘derechamente mal’. La iniciativa, anunciada como parte de seis decretos firmados por el Presidente, se enmarca en un discurso que describe un país con finanzas públicas debilitadas y un avance del crimen organizado. La auditoría se coordinará a través del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, integrado por el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y dos consejeros por nombrar. Este consejo, cuya institucionalidad fue fortalecida durante el gobierno de Gabriel Boric, podrá fiscalizar ministerios, gobernaciones, órganos públicos, y las Fuerzas Armadas y de Orden, aunque excluye a la Contraloría, el Banco Central, gobiernos regionales y municipalidades. El trabajo de campo recaerá en las auditorías internas de cada ministerio, y si se detectan inconsistencias graves, se evaluará contratar auditorías externas.
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