Un fallo judicial inédito en Chile ha puesto al Estado contra las cuerdas por su responsabilidad en la emergencia ambiental del Desierto de Atacama, donde se acumulan hasta 180.000 toneladas anuales de ropa usada importada. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta condenó al Estado a reparar los daños ecológicos causados por este masivo vertedero textil, considerado el más grande de América Latina, tras años de omisión en la fiscalización de terrenos fiscales en Alto Hospicio. El puerto de Iquique, con su baja presión impositiva, convirtió a Chile en el cuarto importador mundial de indumentaria usada, canalizando un flujo que ahora amenaza la frágil biodiversidad del desierto. La sentencia, emitida a fines de 2025, ordena a las autoridades elaborar y ejecutar un plan de reparación ambiental de diez años que incluya diagnóstico del daño, retiro seguro de residuos, restauración de suelos y trazabilidad de los cargamentos. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado apeló ante la Corte Suprema, alegando vicios formales, lo que mantiene en suspenso la ejecución mientras organizaciones como la Fundación para la Democracia Internacional, liderada por el empresario argentino Guillermo Whpei, y la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) presionan por su cumplimiento.
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