El Gobierno del Presidente Gabriel Boric enfrenta un cierre legislativo intenso y acotado, con solo cuatro semanas efectivas para avanzar en su agenda antes del término de su mandato en marzo de 2026. Con el Congreso en receso hasta enero, el Ejecutivo busca dejar un legado en medio de tensiones políticas y restricciones fiscales, centrándose en proyectos clave que han generado controversia y debate. Uno de los asuntos más urgentes es la ley de reajuste del sector público, que incluye un aumento salarial nominal del 3,4% pero ha sido criticada por incorporar normas misceláneas. La más polémica es la denominada «norma de amarre», que dificulta las desvinculaciones de funcionarios públicos al requerir justificación administrativa fundada, afectando a cerca de 380 mil empleados. Mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defiende la medida como protección a la carrera funcionaria, economistas como David Bravo y exministros como Ignacio Briones advierten que genera inamovilidad y rigidiza el empleo público en un contexto de estrechez fiscal. Otras disposiciones controvertidas incluyen la entrada de mutuales de seguridad al sistema de salud sin aprobación previa, lo que podría alterar la competencia en el sector.
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