El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfrenta un desafío crítico en la instalación de viviendas de emergencia tras el megaincendio en el Bío Bío, tras el reconocimiento del presidente Gabriel Boric sobre un ‘cuello de botella’ que retrasa la respuesta habitacional. Aunque Elizalde destacó un ritmo más rápido que en la catástrofe de 2023, advirtió sobre la magnitud del problema: más de 4.000 hogares afectados y un número significativo de viviendas por instalar, lo que pone en jaque la capacidad del gobierno para aliviar la emergencia. Elizalde explicó que las zonas rurales facilitan la instalación por terrenos extensos, pero en áreas urbanas el proceso se complica. Requiere coordinación detallada con alcaldes para verificar condiciones del terreno, información específica de los municipios, y la fabricación de las viviendas. Además, señaló que no es posible instalar en terrenos en laderas de cerros o en lugares donde se quemaron departamentos, ya que estos no ofrecen las condiciones necesarias para viviendas transitorias. Este retraso tiene un impacto directo en las familias afectadas, que deben esperar más tiempo para una solución habitacional. Para mitigarlo, el gobierno ha prolongado el bono de acogida, que asciende a casi 400.000 pesos por grupo familiar, y ha avanzado en el pago del bono de recuperación de casi 1.500.000 pesos.
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