La emergencia por los incendios en el centro-sur del país ha desatado una tensión entre la urgencia de las víctimas y la lentitud percibida del aparato estatal. Mientras miles de damnificados esperan ayuda, se ha generado un debate sobre la eficacia y coordinación de las distintas iniciativas, con críticas a la demora en activar decretos clave y a la dispersión de esfuerzos. Este contraste pone en riesgo que la asistencia llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan, especialmente en donaciones grandes como viviendas de emergencia, que dependen de permisos regulatorios y ubicaciones seguras. Por un lado, el Gobierno, con el Presidente Gabriel Boric y ministros como Álvaro Elizalde (Interior) y Carlos Montes (Vivienda), ha defendido su accionar, destacando la entrega de ‘ayudas tempranas’ como bonos de recuperación y bolsillos electrónicos. Por otro, iniciativas privadas como ‘Desafío Levantemos el Sur’ y campañas de influencers como ‘Naya Fácil’, ‘Otakin’ y ‘Pailita’ han movilizado recursos y donaciones de forma rápida, apelando a la identificación de seguidores en redes sociales. Sin embargo, este fenómeno ha llevado a situaciones de desorden, como una pelea en Lirquén que paralizó el tránsito, evidenciando la falta de coordinación orgánica.
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