El jefe y subjefe de la Bancada de Diputados UDI, Gustavo Benavente y Henry Leal, respectivamente, anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República por el trato directo que realizó el Ministerio de Justicia -por $619 millones- para contratar el desarrollo de una plataforma informática que permita gestionar los datos de las personas que están calificadas como “detenidas desaparecidas”, todo ello en el marco del Plan Nacional de Búsqueda que impulsó el Gobierno. Al respecto, los parlamentarios gremialistas hicieron referencia a un reportaje publicado por un medio electrónico, que dio cuenta de una contratación directa que realizó la Subsecretaría de Derechos Humanos -en enero de este año- a la empresa Unholster, cuyo socio y actual director del área Data Science es Cristóbal Huneeus, quien a la vez es uno de los principales asesores técnicos que colabora con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en la tramitación de la reforma previsional. Los diputados Benavente y Leal no sólo cuestionaron la relación directa que existe entre el socio de la empresa contratada y el Gobierno, sino que también pidieron que Contraloría determine si se justificaba realizar un trato directo y no una licitación, considerando que funcionarios del Ministerio de Justicia habrían advertido, antes de la contratación, que existían plataformas informáticas gratuitas que se ajustaban a lo que ellos requerían.
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