Un fallo de la Corte Suprema ha desatado una carrera legislativa para evitar que las llamadas de cobranza extrajudicial vuelvan a ser anónimas. El máximo tribunal excluyó a estas comunicaciones del uso de los prefijos telefónicos 600 y 809, tras acoger un amparo económico de la Asociación Gremial de la Industria del Retail Financiero, dejando sin efecto una medida de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). La corte argumentó que la cobranza no es un ‘servicio complementario’ ofrecido a usuarios, sino una comunicación directa entre acreedor y deudor. En respuesta, los diputados de la UDI Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay anunciaron que presentarán un proyecto de ley para obligar a estas empresas a usar prefijos específicos, modificando la normativa de protección al consumidor. Su objetivo es que las personas identifiquen el origen de las llamadas antes de contestar, argumentando que el fallo representa un retroceso en transparencia y abre la puerta a fraudes o abusos. La iniciativa busca corregir lo que los parlamentarios ven como un riesgo para la herramienta de prefijos, creada para dar transparencia a las comunicaciones comerciales. Advirtieron que, sin una ley, otras empresas podrían intentar quedar fuera del sistema, debilitando su efectividad. Los diputados solicitarán urgencia al próximo gobierno para acelerar la tramitación, insistiendo en que el Congreso debe ofrecer una solución clara a los ciudadanos.
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