Un oficio a Contraloría, para que investigue un supuesto pago de la defensa privada, por trato directo del Presidente Gabriel Boric, tras la fallida compra de la casa del exmandatario Salvador Allende, hicieron este lunes la bancada de diputados de Renovación Nacional. Ello, porque hace unos días se presentó una querella por la frustrada compraventa y uno de los que debe responder es el mandatario, por lo cual a través del mecanismo de “trato directo”, el 20 de enero contrató por 350 UF ($13.444.088, pago único de servicios de asesoría legal) al abogado Jonatan Valenzuela Saldías para que lleve adelante su defensa. “La idea es fiscalizar el correcto empleo de los recursos fiscales, así como la correcta utilización del mecanismo de adquisición de Trato Directo requerida por la Presidencia de la República para la defensa judicial del Presidente de la República”, señala, los diputados Ximena Ossandón (jefa de bancada), Hugo Rey (subjefe), Andrés Longton y José Miguel Castro, quienes firmaron el oficio enviado a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Los parlamentarios hacen hincapié que si bien el Presidente tiene el derecho a defenderse, “bien podría haber encomendado su defensa judicial al Consejo de Defensa del Estado, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, sin embargo, optó por la designación y contratación de un defensor particular”, indicaron.
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