Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper, ingresaron dos requerimientos ante la Contraloría General de la República solicitando auditorías completas: una sobre las pensiones de gracia entregadas a supuestas víctimas del estallido social y otra sobre los millonarios sueldos pagados en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Respecto de las pensiones de gracia, los parlamentarios advirtieron que “el episodio de las pensiones de gracia es un punto oscuro en el manejo de los beneficios fiscales de nuestra institucionalidad y en particular respecto de aquellos que concede el Presidente de la República”. Recordaron que el Informe Final N°419 de la propia Contraloría detectó múltiples irregularidades, entre ellas que 58 de los 136 casos revisados correspondían a personas con antecedentes penales. Los legisladores recalcaron la gravedad de los hallazgos, mencionando que “a más de un año de emitido el informe, aún persisten observaciones sin subsanar, lo que demuestra una negligencia en el actuar de los organismos involucrados”. Entre los casos más delicados, la auditoría identificó dos beneficiarios perseguidos judicialmente por fraude de subvenciones, cuatro pensiones concedidas sólo en base a relatos verbales sin respaldo documental, y siete decretos de concesión cuyas actas de entrega siguen pendientes.
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