Un grupo de parlamentarios del PPD-Independientes, liderado por el diputado Carlos Cuadrado Prats, prepara un proyecto de ley que podría llevar a la cárcel a padres, madres y cuidadores que, conociendo el acceso de menores a armas, no actúen para impedirlo. La iniciativa responde directamente a los recientes episodios de violencia en establecimientos educacionales y busca modificar la Ley de Control de Armas, el Código Penal y el Código Procesal Penal para establecer sanciones penales por conocimiento efectivo o negligencia. El proyecto establece penas de presidio menor en su grado mínimo a medio para los adultos responsables. La sanción se agravaría si los hechos ocurren en el contexto de ingreso, permanencia o salida de colegios. Sin embargo, contempla una exención de responsabilidad para quienes denuncien a la autoridad antes de que se concrete un delito, reforzando un enfoque preventivo. El diputado Jaime Araya, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, respaldó la propuesta, señalando que pone en el centro del debate medidas de prevención largamente eludidas. La propuesta apunta al corazón de un problema de seguridad y convivencia escolar, donde la responsabilidad adulta queda bajo la lupa penal.
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