Dos nuevas parlamentarias presionan para revertir un polémico programa de pensiones vitalicias otorgadas tras el estallido social, tras descubrir que el Estado ha comprometido más de $7 mil millones en beneficios a personas con antecedentes delictivos. Javiera Rodríguez y Valentina Becerra, diputadas electas del partido REP, solicitaron formalmente la revocación de estas pensiones de gracia luego de conocer un informe que detalla el alcance del gasto. El documento revela que se han asignado $7.009.644.357 a 418 beneficiarios, con 270 pensiones otorgadas durante el gobierno de Gabriel Boric y 148 bajo la administración de Sebastián Piñera. Las legisladoras denuncian falta de transparencia y posibles irregularidades en el proceso, destacando que la Contraloría ya había identificado 58 beneficiarios con antecedentes penales anteriores al 18-O, lo que llevó a la revocación de 28 pensiones durante 2024. La controversia impacta directamente las finanzas públicas y la credibilidad de los programas sociales. Rodríguez calificó como «inaceptable» que el Estado financie beneficios vitalicios a individuos vinculados a actos violentos, mientras Becerra exigió una evaluación exhaustiva para evitar abusos. El volumen de recursos comprometido -equivalente a miles de millones de pesos- genera presión para redirigir esos fondos a necesidades urgentes del país.
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