“Urgencia máxima” pidió la diputada Ind-RN, Paula Labra, por el proyecto del cual fue autora, que promueve la posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. “Necesitamos ponerle freno a la corrupción, comenzando con la gobernadora del Maule, Cristina Bravo”, sostuvo la parlamentaria. La actual máxima autoridad de la región, ha sido sindicada por el contundente informe de Contraloría General de la República, como posible protagonista de irregularidades financieras en el GORE maulino. La parlamentaria Labra, habría oficiado el 4 de julio a la Contraloría, para que se pronunciara sobre una serie de anomalías en el convenio “Juntos y Juntas Nos Sentimos Más Seguros”, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social”. El macizo informe de Contraloría, habría demostrado además, la presión de la Gobernadora Bravo, para que la Fundación Urbanismo Social contratara un concejal de la DC y a familiares de altos funcionarios de la repartición estatal. Los antecedentes están actualmente en manos del Ministerio Público por posible “tráfico de influencias”. La diputada Labra aseguró que “en el caso del Maule, hay evidencia suficiente para acusarla constitucionalmente y no podemos permitir que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos sean dirigidos al bolsillo de unos pocos”.
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