La morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE) se ha convertido en una carga explosiva para las finanzas públicas, con un saldo que multiplica por más de seis veces su tamaño en apenas diez años. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya alertó que el gobierno busca recaudar recursos en este frente como parte de un saneamiento fiscal, tras detectar incluso a 1.800 deudores que ganan más de $5 millones mensuales. Según cifras oficiales de la Comisión Ingresa, la deuda morosa total (considerando desde una cuota atrasada hasta garantía ejecutada) pasó de $950.056 millones en diciembre de 2016 a la abrumadora cifra de $7,006 billones en diciembre de 2025. Este aumento del 637% se desglosa en un salto de UF 141,5 millones para egresados morosos y UF 34,3 millones para desertores. Más grave aún: los egresados con garantía ejecutada (créditos impagos que ya se le adeudan a la Tesorería) pasaron de UF 6 millones a UF 117 millones en el mismo periodo. El fenómeno refleja un cambio estructural en la cartera: mientras en 2016 el 62,1% de los beneficiarios estaba al día o con cuenta saldada, para 2025 esa proporción se desplomó al 32,5%. Esto ocurre mientras el universo total de deudores creció de 304 mil a más de 1 millón de personas, amplificando el riesgo fiscal.
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