Un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la permanencia de Jaime Gazmuri como embajador de Chile en Venezuela, solicitó este viernes la Contraloría General de la República, luego de la polémica levantada en su contra, tras ser expulsado en agosto de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro, junto al resto del cuerpo diplomático chileno. La indagatoria surge a raíz de una denuncia de la fundación Fuerza Ciudadana, liderada por el excandidato a constituyente del Partido Republicano, Edmundo Palamara, que cuestiona la legalidad de las remuneraciones que Gazmuri continuó percibiendo tras regresar a Santiago. Según el organismo, el exsenador del PS habría recibido más de $21 millones mientras cumplía funciones asignadas en Venezuela, hecho que no se justificarían al regresar al país y poner término a sus funciones como embajador. La fundación solicitó que Contraloría determine si las remuneraciones fueron legales y, de no serlo, que Gazmuri devuelva al Estado los montos percibidos. “El Fisco debe ejercer todas las acciones necesarias para su total reintegro”, subraya la denuncia. La Cancillería declaró estar disponible para colaborar con la investigación. “Siempre estamos disponibles para colaborar con todo lo que requiera la Contraloría”, afirmaron desde el ministerio. El organismo tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir el informe solicitado.
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