democracia: desafíos para su fortalecimiento.

Francisca Poblete Ortiz
Estudiante de administración pública
Universidad Católica del Maule

La democracia es entendida como una forma de organización política y social en la cual la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce su poder político a través de mecanismos institucionales. Ésta ha sido definida como “el gobierno del pueblo” y busca representar la voluntad de la mayoría de la población, con respeto e integración de las minorías. Ante la imposibilidad de que todas las personas puedan incidir directamente en el debate político, la ciudadanía escoge sus representantes para ejercer este poder. Sin embargo, esta elección no es suficiente para garantizar que las demandas y perspectivas de la sociedad sean consideradas en la toma de decisiones, lo cual trae problemas de representatividad, legitimidad del poder y gobernabilidad.

Es así como las democracias enfrentan como principal desafío desarrollar mecanismos que la fortalezcan. En ese sentido, representar la mayoría de las demandas de la ciudadanía en la arena política resulta cada vez más difícil, ante sociedades con exigencias cada vez más complejas y numerosas, con grupos que antes no contaban con visibilidad y que hoy, legítimamente, reclaman que su voz sea escuchada. Lograr la sistematización de estas demandas y determinar el “orden de importancia” resulta cada vez más complejo. Esta heterogeneidad, por otro lado, muchas veces significa una polarización política extrema, la cual dificulta llegar a acuerdos entre representantes en la toma de decisiones, enlenteciendo los procesos políticos.

Frente a la falta de representatividad en las democracias y como posible solución a ella, surge como cuestión clave fortalecer la participación ciudadana. Como Del Águila mencionó, la participación ciudadana trae grandes beneficios, pues es un instrumento educativo que refuerza las virtudes cívicas, mejora la lealtad de la ciudadanía al sistema democrático, mejora la eficacia en la gestión ya que refuerza la legitimidad, genera consensos y facilita la implantación, además de mejorar los controles sobre las y los representantes. Generar mecanismos y políticas públicas para promover y garantizar la participación ciudadana debiese ser uno de lo ejes centrales para el fortalecimiento de las democracias, pues sólo de esta forma podría acercarse a su definición de “gobierno del pueblo” y no caer en un gobierno de elites políticas o económicas.

Sin embargo, la participación ciudadana por sí misma también conlleva desafíos. La interrogante que surge de esto es ¿Cómo avanzar en la participación de la mayoría en la toma de decisiones y, a la vez, lograr consensos en una sociedad cada vez más diversa y de posiciones contrapuestas? ¿Cómo, además, conseguimos que las demandas sean consideradas equitativamente, existiendo grupos que cuentan con mayores posibilidades de incidir en el debate público, de conseguir visibilidad, frente a desigualdades estructurales?

En este sentido, me gustaría profundizar en dos grandes puntos: la educación cívica como base en una democracia y la gestión del desarrollo vertiginoso de las tecnologías y medios de comunicación masiva. Desde mi punto de vista, no se avanzará hacia una participación justa, equitativa y responsable mientras no se fortalezca la educación cívica y ésta sea garantizada para toda la ciudadanía.

¿De qué sirve que tengamos la posibilidad de votar/participar, si no sabemos qué estamos votando ni para qué? ¿Cómo podremos emitir un voto responsable, si no entendemos las implicancias de la opción que escogemos o descartamos? Sin una base educativa que permita comprender los procesos políticos, las instituciones, o el funcionamiento general de lo político/económico/social es difícil ejercer una participación responsable y consciente. Y, muchas veces, las motivaciones para elegir serán más bien individualistas, sin considerar el impacto a nivel colectivo (que, de todas formas, afecta igualmente a la y el individuo). Si bien es muy difícil lograr que toda la ciudadanía comprenda y/o se interese por estos temas, una educación cívica permitiría comprender a quién delegar o en quién confiar para que le represente en esta toma de decisiones.

El segundo punto a desarrollar hace referencia al desarrollo de las TIC’s y medios masivos de comunicación. Las redes sociales han conseguido un lugar significativo en nuestro día a día, por lo que la información que consumimos a través de ellas genera un impacto en nuestras perspectivas. Los grandes grupos de poder entendieron esto y vieron una nueva posibilidad para, no sólo influenciar nuestro comportamiento como consumidores, sino también como votantes.

Conocido es el caso de Cambridge Analytica, empresa que ofrecía “cambiar el comportamiento de la audiencia” a través del procesamiento de big data y comunicación estratégica. En 2018, la recopilación de información de redes sociales como Facebook les permitió inferir un perfil psicológico de más del 15% de la población de EEUU, lo cual utilizaron para enviar publicidad personalizada, incluidas noticias falsas, con el objetivo de influir en la forma de pensar de cada votante de EEUU. A esta empresa, contratada por un ex asesor de Donald Trump, se le atribuiría incidencia en el triunfo de este último en las elecciones de la época (ver “5 Claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera US$37.000 millones en un día” de BBC News).

Esta forma de hacer campaña política y de influenciar en las personas se ha repetido en múltiples ocasiones, en distintos países, lo cual nos hace cuestionarnos: ¿Es soberana la emisión de un voto que ha sido manipulado de esta forma? ¿es representación popular, cuando hay coacción, cuando la voluntad individual es reducida al poder de influencia de las elites y la falta de ética ante la escasa regulación? Surge entonces como problemática y desafío urgente la actualización de los sistemas democráticos a las nuevas tecnologías y sus consecuencias, buscando mecanismos que resguarden los principios democráticos y los derechos fundamentales de todas las personas, que actúen ante estos vacíos regulatorios y ante amenazas que muchas veces son silenciosas.

Resulta imprescindible avanzar en la protección de derechos digitales, pero también en buscar la forma de que estas nuevas tecnologías sirvan de herramienta para el fortalecimiento de las democracias. Es fundamental avanzar en participación ciudadana considerando todas sus complejidades; será de este ejercicio que surgirán los acuerdos y reglas adecuadas para cada sociedad.

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