La crisis del Poder Judicial chileno, iniciada a fines de 2023, se profundiza con nuevas investigaciones que involucran a exmagistrados de alto nivel, amenazando aún más la credibilidad de la institución encargada de impartir justicia. A la exsuprema Ángela Vivanco se suman cuatro exjueces bajo escrutinio: María Teresa Letelier y Diego Simpértigue, exintegrantes del máximo tribunal, junto con Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, exmagistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago. Están siendo indagados en causas vinculadas a la trama bielorrusa y presuntas gestiones en nombramientos judiciales, según el artículo publicado el 16 de febrero de 2026. Estas indagatorias no solo afectan a los individuos involucrados, sino que también impactan la imagen pública del Poder Judicial, erosionando la confianza ciudadana en un momento crítico para la estabilidad institucional del país. La continuidad de estos casos sugiere que las consecuencias de la crisis judicial podrían extenderse, influyendo en procesos legales futuros y en la percepción de integridad del sistema. Aunque el texto no detalla fechas específicas de próximos pasos, la situación mantiene en vilo al ámbito legal chileno, con posibles formalizaciones que podrían generar más titulares y tensiones internas. La atención se centra en cómo las autoridades manejarán estos casos para restaurar la credibilidad judicial.
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