La frontera entre Chile y Perú enfrenta una creciente tensión debido al anuncio del gobierno peruano de desplegar sus Fuerzas Armadas y declarar estado de emergencia en zonas limítrofes. Esta medida, divulgada por el presidente José Jerí a través de plataformas digitales, busca contener el flujo migratorio irregular, que ha aumentado tras declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast. Kast ha propuesto un plazo de 106 días para que migrantes en situación irregular abandonen Chile voluntariamente, generando preocupación sobre un posible éxodo masivo. La extensión fronteriza de 169 kilómetros estará bajo vigilancia militar, lo que ha elevado las alertas en regiones como Arica y Parinacota, donde autoridades locales exigen al presidente Gabriel Boric acciones concretas y presencia gubernamental para manejar la crisis. Mientras Perú se prepara con intervenciones multisectoriales, el gobierno chileno ha calificado la decisión peruana como autónoma y no hostil, aunque enfrenta presión interna para coordinar respuestas efectivas. La situación subraya los desafíos regionales en gestión migratoria y la necesidad de diálogo bilateral para evitar escaladas, en un contexto donde la incertidumbre afecta a comunidades fronterizas y migrantes de nacionalidades como venezolana, colombiana y haitiana.
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