La Corte Suprema en forma unánime, acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y establece la obligación de “proporcionar a las personas privadas de libertad de la cárcel de Linares, un trato digno y humanitario, sobre todo si se considera el fin resocializador de las penas que han sido impuestas”. Tras el fallo emitido, Gendarmería de Chile deberá efectuar las modificaciones necesarias para brindar a los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares, las garantías mínimas de habitabilidad y salubridad. Para ello, deberán habilitar camas dignas para los reclusos y reparar los baños para su aseo personal. Además deberá permitir que todos los internos puedan acceder semanalmente a un mínimo de horas de estadía en el patio del recinto penal. Será la fiscalía judicial de Linares quien supervise “el adecuado cumplimiento de las medidas decretadas”.
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