La Corte Suprema acogió el recurso de casación, además de confirmar la resolución de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral, a René Víctor Müller Sepúlveda, funcionario municipal que fue detenido y sometido a torturas, por primera vez el 25 de septiembre de 1973, por efectivos de la Comisaría de Coltumo, y en reiteradas ocasiones durante 1974. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó la demanda tras acoger la excepción de prescripción extintiva, enarbolada por el fisco. “En síntesis, la obligación de reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene señalando”, plantea el fallo. “Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No solo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno”, añade el fallo.
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