La Tercera Sala de la Corte Suprema ha dado un giro radical que deja sin protección judicial a pacientes con enfermedades raras que necesitan medicamentos millonarios no cubiertos por Fonasa o la Ley Ricarte Soto. Tras la salida forzada de los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco –quienes durante casi una década establecieron una jurisprudencia que acogía recursos de protección basados en el derecho a la vida–, la nueva composición de la sala ha revertido completamente esa línea. El cambio, documentado en un análisis de casi 40 fallos desde noviembre de 2025, marca el fin de una era donde la corte intervenía para garantizar tratamientos vitales cuando el sistema público los negaba. La nueva mayoría está liderada por los ministros titulares Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, quienes han logrado imponer su criterio junto a otros ministros suplentes y abogados integrantes. En sus fallos, argumentan que conceder acceso a medicamentos fuera de los listados oficiales genera «discriminación de trato» entre pacientes en igual condición. Solo la ministra presidenta de la sala, Adelita Ravanales, junto a algunas ministras suplentes y abogadas integrantes, mantiene la postura anterior, defendiendo que el derecho a la vida es «la norma de mayor rango».
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