La Corte Suprema, reunida en sesión este viernes, adoptó una serie de decisiones relacionadas con la investigación por eventuales funcionarios que habiendo presentado licencias médicas habrían viajado al extranjero. El Pleno determinó que, independientemente de la generación de una base de datos, labor encargada a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema el 23 de mayo pasado, se adoptarán medidas concretas. Cada Corte de Apelaciones del país deberá designar a un fiscal judicial para que realice -centralizadamente- las eventuales investigaciones administrativas contra personas que ejerzan cargos en calidad de titular, suplente o contrata, una vez que reciban las nóminas que les serán remitidas. En el caso que ya existan procedimientos a cargos de otros funcionarios judiciales se deberá suspenden de manera inmediata el proceso y remitir al fiscal judicial designado por cada corte para instruir procedimientos. Las cortes de apelaciones deben solicitar los procedimientos disciplinarios que se estén instruyendo para proceder de la manera señalada. Las investigaciones que se inicien deberán ser tramitadas de acuerdo al Acta 108-2020 de la Corte Suprema, Auto Acordado sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, con el fin de garantizar el ejercicio de defensa de los investigados y los procesos deberán ser resueltos por la Corte de Apelaciones y no por otro tribunal.
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