En medio de la campaña política chilena, las denuncias de corrupción en el sistema judicial han intensificado el debate sobre la necesidad de reformas estructurales. La organización Chile Transparente ha exigido mejoras en los procesos de nombramiento de jueces, controles de calidad en las sentencias y una fiscalización más rigurosa de su labor. Por su parte, el candidato presidencial Enríquez-Ominami propuso la creación de «tribunales populares» como alternativa para aumentar la transparencia, mientras que la diputada Ximena Ossandón (RN) calificó el escándalo que afecta a la Corte Suprema como «surrealista». Recientemente, la Fiscalía reveló que la exjueza Vivanco recibió sobornos del consorcio bielorruso Belaz Movitec, y el Senado se prepara para votar una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. Estos eventos subrayan la urgencia de medidas que restauren la confianza pública en el poder judicial y fortalezcan la integridad institucional en Chile.
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