El movimiento feminista chileno se prepara para una nueva batalla política. La Coordinadora 8M, a través de su vocera Fernanda Cavada, lanzó una dura acusación contra el Gobierno saliente de Gabriel Boric: utilizar las «banderas» de género para «lavar la imagen del desalojo de familias sin casa» y para «aplaudir una reforma migratoria». La organización denunció lo que calificó como una «instrumentalización del feminismo» por parte de la Administración que está por terminar su mandato. La declaración no se queda en la crítica al pasado inmediato. Ante la inminente llegada al poder de José Antonio Kast, la Coordinadora 8M anunció que se declara en «estado de alerta». Este posicionamiento marca una línea de tensión directa con la futura gestión, anticipando un escenario de confrontación en materia de políticas de género y derechos sociales desde el primer día del nuevo gobierno. El impacto de este anuncio es profundo para la agenda pública chilena. La Coordinadora 8M es un actor clave en el debate social y su oposición frontal a dos gobiernos consecutivos, de signos políticos opuestos, señala una crisis de representación y confianza. Esto podría polarizar aún más el diálogo sobre vivienda, migración y equidad de género, temas ya sensibles en la sociedad, complicando la gobernabilidad y la implementación de reformas.
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