Con una aprobación en general, la Comisión del Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, ratificó el deseo de que el Estado tenga el dominio absoluto de los bienes naturales del país, mediante la nacionalización de las empresas mineras y formalizando el procedimiento para entregar indemnizaciones a quien se consideren afectados. La iniciativa presentada por Apruebo Dignidad tuvo reparos en la bancada opositora, por considerarla “un error jurídico” y que podría dejar al país “en bancarrota”.
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