La revelación de posibles nuevas fallas en los cálculos de las tarifas eléctricas ha generado un intenso debate político en Chile, con la oposición exigiendo responsabilidades y el oficialismo apuntando a las empresas transmisoras. El ministro de Energía, Álvaro García, reconoció que podrían existir sobrecobros o subcobros, lo que ha reavivado la polémica y llevado a la UDI a anunciar una comisión investigadora para marzo. Según el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargó un estudio al Coordinador Eléctrico Nacional para revisar la base de datos utilizada en la valorización de activos de empresas de transmisión entre 2020 y 2023, calificada como «deficiente». Esto ha desatado críticas cruzadas: parlamentarios de oposición, como Andrés Celis (RN), han pedido auditorías y la renuncia del Coordinador Eléctrico, mientras que otros, como Marlene Pérez (UDI), acusan al Gobierno de negligencia en la supervisión. Desde el oficialismo, diputados como Marcos Ilabaca (PS) responsabilizan tanto al Coordinador Eléctrico como a las empresas, cuestionando su transparencia y exigiendo un «mea culpa». Jaime Sáez (Frente Amplio) criticó a las «transnacionales» por operar contra los intereses de la población, y Héctor Barría (DC) llamó a aplicar sanciones rigurosas. La situación subraya la fragilidad de la institucionalidad eléctrica y la necesidad de mayor transparencia para proteger a los consumidores, en un contexto donde los errores en tarifas han erosionado la confianza ciudadana y generado demandas de acciones urgentes.
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