El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió el traspaso de 3.4 billones de pesos desde la Corporación de Fomento (Corfo) al Fisco, una suma proveniente de excedentes del litio entre 2023 y 2024. La transferencia, justificada por “urgencias sociales” como salud y seguridad, ha sido objeto de críticas por falta de transparencia en su uso, aunque el Ministerio de Hacienda asegura que no se han cometido ilegalidades y que el dinero se destinó a cubrir gastos presupuestarios generales. Diputados del Partido Republicano han tachado la operación de “escándalo gigantesco”, exigiendo mayor claridad sobre cómo se han manejado estos fondos en un contexto de déficit fiscal proyectado del 1.7% del PIB. La oposición critica la gestión fiscal del gobierno y reclama una estrategia más clara para alcanzar el equilibrio financiero, mientras el gobierno insiste en que los fondos se han utilizado adecuadamente para atender necesidades urgentes del país.
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