Un contundente nuevo informe entregó este viernes la Contraloría General de la República, esta vez exponiendo graves falencias en los procesos de fiscalización de armas registradas, responsabilidad de la Autoridad Fiscalizadora Nº 28 del Departamento O.S.11 de Carabineros de Chile. El documento hecho público por el ente fiscalizador, señala que dicha unidad incumplió su obligación de informar al Ministerio Público cuando no logró localizar las armas en los domicilios declarados, así como en los casos en que, tras el fallecimiento de los dueños, no se realizó la transferencia legal de las mismas. El informe de la CGR destaca que no se ejecutaron verificaciones previas a las inspecciones para priorizar a personas bajo su jurisdicción que, pese a tener armas inscritas, contaban con condenas por delitos. En 37 situaciones -vinculadas a 26 individuos condenados por crimen o faltas- se comprobó que las armas no fueron incautadas ni se reportó el hecho a la Fiscalía, tal como exige la normativa vigente. Por otro lado, en 30 revisiones efectuadas en domicilios de fallecidos, las armas no aparecieron y no hubo constancia de su traspaso legal. A pesar de que el sistema informático de Carabineros indicaba que se habían presentado las denuncias respectivas, no se encontraron documentos válidos que respaldaran dichas acciones. Ante estos resultados, la Contraloría informó que iniciará un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
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