Un informe de la Contraloría General de la República destaca deficiencias en el proceso de acreditación del INDH para pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones de 2019. Se evidencia falta de verificación de antecedentes médicos y respaldos. Aunque el subsecretario del Interior culpa al INDH, un oficio de septiembre de 2022 enviado por la directora Consuelo Contreras a Boric advierte sobre la imposibilidad de acreditar consecuencias físicas, señalando riesgos para la autonomía del instituto. El documento no obtuvo respuesta de La Moneda.
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