Mal le fue a la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentada ante Contraloría, la cual perseguía reconsiderar el sumario administrativo que se pide hacer en su aparato administrativo, después de detectarse irregularidades en la entrega de pensiones de gracias, visadas por este organismo. En concreto, el INDH buscaba revertir los cuestionamientos en 10 casos de víctimas del estallido social del año 2019, los cuales recibieron pensiones de gracia. Pese a la insistencia y looby hecho para dejar sin efecto el sumario, Contraloría desechó la solicitud del INDH y mantuvo el sumario iniciado a raíz de las observaciones de diciembre pasado. Además, la Contraloría aseguró que el INDH contaba con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que finalmente no ocurrió”. En el informe que el ente contralor, entregó al Congreso, figura que 19 expedientes de beneficiarios remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.
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