Una serie de instrucciones para “determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas” de los funcionarios públicos involucrados en el escándalo de las licencias médicas, emitió este lunes la Contraloría General de la República. En su instructivo de siete puntos, la CGR señala que corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos. Respecto de la designación de un fiscal, señala que este no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado y, por otra, que goce de un grado o jerarquía similar o mayor que el de éste. Asimismo, el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite. En cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos se deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la PDI en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente. Los sumarios deberán contar con un debido proceso, que, en el ámbito administrativo, implica un racional y justo procedimiento.
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