Haciendo hincapié en que “el contenido de ese acto no reviste carácter normativo”, la Contraloría General de la República dio curso al decreto que “Aprueba Política Nacional de Construcción Naval”, lo que obliga a que “los objetivos y acciones que en él se fijan, deberán sujetarse en su concreción a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente”. La iniciativa de la CGR, va en línea con lo realizado el Presidente Gabriel Boric, quién firmó el mencionado decreto el pasado 10 de enero en una actividad efectuada en ASMAR Talcahuano. En el dictamen de la toma de razón del mencionado decreto, firmado por la contralora Dorothy Pérez, se hizo hincapié en que “en la implementación de la Política Nacional de Construcción Naval, las instituciones responsables y colaboradoras consideradas en el mismo, no podrán exceder el límite de las atribuciones que la ley les asigna en relación con las acciones que les corresponde ejecutar”. El decreto añade a continuación que, “en lo que atañe a las acciones previstas en la aludida Política, que consideran la intervención de organismos autónomos o de entidades privadas, debe consignarse que, para que proceda esa participación, es necesario que, previamente, se celebre un acuerdo entre aquellos y los respectivos órganos de la Administración del Estado, con arreglo a la normativa.
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