La Contraloría Regional de Valparaíso ha expuesto un entramado de irregularidades millonarias en la respuesta a la catástrofe del megaincendio de 2024, que ahora complica la gestión de la entonces delegada presidencial y hoy diputada electa Sofía González (PC). Cinco informes, que suman 504 páginas y ya están en manos del Ministerio Público, revelan pagos sin respaldo, adjudicaciones dudosas y sobreprecios estratosféricos que podrían configurar delitos y un grave perjuicio económico para el Estado. Los hallazgos se centran en la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, que encabezaba González. Se detectaron pagos injustificados por $586 millones a dos empresas: Minera y Constructora Río Grande SpA y San Nicolás SpA. Esta última recibió $399 millones respaldados con fotografías repetidas o inconsistentes, y se registraron pagos duplicados y conductores operando múltiples máquinas simultáneamente. Ambas firmas se adjudicaron contratos por $7.298 millones vía trato directo, sin acreditar capacidad técnica ni contar con maquinaria propia, transgrediendo la ley al subcontratar todos los servicios. El impacto financiero es severo. La Contraloría identificó sobreprecios del 378% en pagos a Río Grande SpA y del 220% a San Nicolás SpA, en comparación con valores de referencia.
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