Duras sanciones se esperan, luego que Contraloría detectara múltiples infracciones en relación a la entrega de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022 tras la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Así lo dio a conocer este jueves el organismo contralor, luego que detectara que de los 345 municipios del país, 242 (70%) de ellos habrían actuado fuera de la ley, tras otorgar o renovar un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en dicho registro. De este total, 2.876 (54%) corresponden a licencias de tipo no profesionales, 1.509 (28%) son profesionales y 945 (18%) de tipo «especiales», que son necesarias para conducir vehículos policiales, de Bomberos, de las Fuerzas Armadas y maquinaria automotriz. Cabe señalar que el detalle de la entidad señaló que estas personas adeudarían la mensualidad de 4.706 alimentarios por un monto total de $17.473.007.109. En su informe, Contraloría identificó a seis municipios del país, que habrían entregado más de 100 licencias a personas deudoras de pensiones, siendo estas las comunas de Antofagasta (172), La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111). Igualmente, el ente fiscalizador detectó a 65 funcionarios municipales, que sacaron o renovaron licencia, en la misma comuna que trabajan, pese a estar en la lista de deudores de pensiones.
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