Un informe de la Contraloría General de la República ha generado alarma en el ámbito parlamentario al revelar deficiencias significativas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El documento identifica más de 31.000 matrículas irregulares, donde estudiantes obtuvieron cupos en establecimientos públicos sin completar el proceso obligatorio, violando los protocolos establecidos. Además, se reportan 4.521 alumnos que quedaron sin asignación para el año escolar 2024, impidiéndoles acceder a su educación regular, una situación que vulnera derechos constitucionales. La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Mónica Arce, ha anunciado que oficiará al Ministerio de Educación para verificar estas cifras y exigir explicaciones sobre el seguimiento a los casos afectados. También solicitará información sobre medidas disciplinarias hacia la empresa operadora del sistema y coordinará con la Superintendencia de Educación para fiscalizar a los establecimientos involucrados. Arce enfatizó la necesidad de implementar medidas preventivas para los próximos procesos de matrícula, asegurando transparencia y equidad. Desde la oposición, parlamentarios como Marcia Raphael (RN) y Stephan Schubert (Republicano) han criticado duramente el SAE, calificándolo de «fracaso completo» y urgieron una reforma estructural.
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