Un informe de la Contraloría General de la República de Chile ha revelado una grave situación en el sector público: 72 entidades estatales mantuvieron contratadas a personas con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores, a pesar de que estas desempeñaban funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes. El estudio, que abarca el período entre 2020 y agosto de 2025, identificó 164 casos de contrataciones irregulares, concentrándose principalmente en el ámbito educacional, donde se desempeñaban como docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo. De manera alarmante, solo en 2025 se detectaron 35 casos de personas que continuaban trabajando con menores pese a estar legalmente impedidas. Entre las entidades involucradas se encuentran municipalidades como El Bosque, Puyehue, Constitución y Valdivia, además de servicios locales de educación pública y corporaciones municipales en diversas regiones del país. La Contraloría ha recordado a las instituciones su obligación de verificar previamente si los postulantes se encuentran afectos a inhabilitaciones establecidas en el Código Penal, conforme al Decreto Ley Nº645 de 1925.
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