El Gobierno de Chile enfrenta nuevas turbulencias tras la divulgación de conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, que complican aún más el ya polémico caso Lío de Platas. A pesar de sus afirmaciones previas de desconocimiento sobre las irregularidades en la transferencia de más de $400 millones a Democracia Viva, los chats recientemente revelados indican que Pérez no solo estaba informada sobre la situación, sino que también intentó encubrirla. Este desarrollo ha vuelto a enredar a La Moneda, resurgiendo críticas y llamados a acción dentro del oficialismo, particularmente hacia figuras como Miguel Crispi, Jefe del Segundo Piso, cuya implicación en el caso está siendo cuestionada. Además, el caso ha reavivado el debate sobre la ética y transparencia dentro del gobierno. La revelación de que Pérez compartió el número telefónico del jefe de asesores del presidente con Andrade y las conversaciones subsecuentes entre ellos sobre el manejo del escándalo, muestran una vez más las complejas dinámicas internas del poder. Estas nuevas revelaciones han llevado a voces dentro del partido oficialista a pedir la renuncia de Crispi, mientras el Ministerio Público continúa su investigación, dejando entrever que los próximos pasos en este drama político serán cruciales para el futuro de varios implicados.
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