La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) ha rechazado dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la región de Aysén, que buscaban administrar aproximadamente 620.000 hectáreas. Esta decisión, tomada en una votación repetida tras una orden de la Corte Suprema, ha generado alivio entre actores económicos locales que temían impactos negativos en la inversión y el empleo. La región de Aysén, que ha enfrentado desafíos para atraer capital, consideraba que la aprobación de estas solicitudes podría estancar su desarrollo económico, según alertas de grupos como la Multigremial Nacional de Emprendedores. Representantes de la industria, como Tomás Monge de Salmón Chile, expresaron preocupación por el precedente que establecería, dado que existen más de 100 solicitudes similares a nivel nacional que abarcan cerca de 4 millones de hectáreas. Por otro lado, voces críticas, como Blanca Guenten de la asociación indígena Wapi Huichas, cuestionaron la legitimidad de las solicitudes, argumentando que los solicitantes no tienen una conexión cultural o laboral directa con el territorio. La votación contó con el rechazo de varios alcaldes y consejeros regionales, quienes destacaron la falta de beneficios percibidos para sus comunidades. Este caso subraya las tensiones entre la protección de derechos indígenas y el fomento al desarrollo económico en Chile, un tema que continuará siendo relevante en el debate público y legal.
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