Un rechazo transversal por parte de las y los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, generó el informe CIC N°9 de la Contraloría General del República, que destapó el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. El grupo parlamentario hizo eco de las palabras de la jefa de este servicio, Dorothy Pérez, con respecto a las licencias médicas. En su presentación remarcó que se debe “reforzar el sistema nacional de control para que estas situaciones no se repitan”. Para ahondar en el caso, la comisión abordó las distintas aristas en las que están involucrados los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencias médicas. Al respecto, se coincidió en que “se trata de una situación grave”. En el debate, el diputado Agustín Romero consultó sobre las sanciones que enfrentarán quienes participaron de estas irregularidades. Asimismo, señaló que se debe distinguir entre licencias fraudulentas y quienes no respetaron el reposo. Por otro lado, se preguntó de qué sirve el control ético si el profesional involucrado no pierde el título. Por ello, se planteó que se debe efectuar una sanción ejemplar para que no se vuelva a cometer este delito.
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