La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha despachado a Sala el proyecto de reajuste al sector público, incluyendo una polémica norma de amarre que regula los despidos de funcionarios. En una decisión clave, la instancia legislativa rechazó una indicación del Gobierno que buscaba extender a cinco años el plazo para que los empleados públicos apelen ante la Contraloría General de la República en casos de desvinculación injustificada. En su lugar, se mantuvo el plazo original de dos años, tal como estaba contemplado en el proyecto inicial. Según el Ministerio de Hacienda, esta disposición permite que funcionarios con al menos dos años de servicio continuo en calidad de contrata puedan reclamar ante la Contraloría cuando se detecten vicios de legalidad en la no renovación de sus designaciones. La medida busca evitar la discrecionalidad en los despidos y fortalecer la protección laboral en el sector público. Además de esta norma, la comisión aprobó otros artículos relevantes, como la modificación que asegura el respeto al fuero maternal para asesores directos de carteras gubernamentales, y la excepción de la causal de cese por edad para autoridades electas en universidades estatales. También se visaron transferencias de recursos de Gobiernos Regionales a empresas estatales y la integración de mutuales al sistema de salud para reducir listas de espera.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
