La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ha iniciado la tramitación del proyecto complementario del Ejecutivo para reformar el sistema político, en un mes considerado crucial para su avance. Tras ser aprobado con amplio respaldo en el Senado, la iniciativa enfrenta ahora el riesgo de estancarse en la Cámara, similar a lo ocurrido con la reforma de los senadores. El proyecto, que genera división entre los legisladores, incluye medidas como el aumento de requisitos para la constitución de partidos políticos y la inscripción de candidaturas independientes, la restricción del financiamiento fiscal a las colectividades y el fortalecimiento de los comités parlamentarios. Diputados de diversas tendencias han expresado sus posturas. Rubén Oyarzo, presidente de la comisión, ha señalado que no actuarán como un «buzón de voz» del ministro del Interior o del Senado, comprometiéndose a un debate legislativo riguroso. En tanto, Jaime Mulet de la FRVS ha criticado la propuesta como una «ley de amarre» y una «pseudo reforma», abogando por modificaciones en aspectos como las elecciones internas y la renuncia de parlamentarios. Por su parte, el Frente Amplio ha mostrado apoyo a las normas que buscan enfrentar la fragmentación política, aunque se opone al establecimiento de un umbral de elegibilidad, un punto central de la reforma.
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