El gobernador metropolitano Claudio Orrego, imputado por delitos de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación en el caso ProCultura, ha reforzado significativamente su equipo de abogados. Actualmente, cuenta con nueve profesionales de prestigio para enfrentar dos causas penales y un proceso de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Tras la notificación formal de la solicitud de desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sus defensores, liderados por el penalista Rodrigo de la Barra, han iniciado estrategias para transferir la jurisdicción del caso a Santiago. Argumentan que varios antecedentes de la investigación ya se han manejado en tribunales santiaguinos, como el 7° Juzgado de Garantía, donde se presentaron solicitudes previas relacionadas. Además, el abogado Ciro Colombara, clave en la defensa electoral, ahora participa también en el ámbito penal para coordinar una visión unificada. Esta movida busca centralizar el proceso en la Corte de Apelaciones de Santiago, pese a que la investigación se originó en Antofagasta debido a una querella de la UDI. Paralelamente, Orrego enfrenta otra causa por irregularidades en contrataciones de coaching, manejada por un equipo legal distinto. Este fortalecimiento jurídico subraya la complejidad de los casos y la apuesta por una defensa robusta en múltiples frentes legales.
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