El Gobierno anunció que impulsará modificaciones a la denominada Ley Uber, argumentando que la normativa actual podría afectar negativamente a la industria de conductores de aplicaciones. El ministro de Transportes, Louis de Grange, calificó el reglamento como “deficiente” y adelantó que el Ejecutivo “echará pie atrás” en su forma actual, criticando restricciones que considera “absolutamente innecesarias”. De Grange señaló que las condiciones de la ley –como limitaciones a la movilidad entre comunas vecinas, antigüedad del vehículo y cilindrada– reducirían entre un 80% y un 90% la oferta de conductores, dejando fuera a alrededor del 85% de los vehículos y/o conductores. Advirtió que, bajo ese escenario, los precios “iban a subir muchísimo”, la cobertura espacial se reduciría considerablemente y los tiempos de espera podrían multiplicarse por cinco o por diez. Las declaraciones generaron la reacción del exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien respondió mediante una carta al director cuestionando las afirmaciones del actual titular. Muñoz precisó que “no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas”, explicando que la ley –tal como ocurre con los taxis– regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no que se quede a trabajar en ella.
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