Chile, prisionero del corto plazo

Mientras la clase política dedica horas a discutir una acusación constitucional contra un ministro que ya renunció, sigue sin abordar los temas que realmente importan. La política chilena se ha vuelto prisionera del corto plazo: reacciona ante la coyuntura, pero ignora los desafíos de fondo que están moldeando el país y, especialmente, a sus niñas, niños y jóvenes. Un ejemplo claro es el uso de celulares y redes sociales por parte de ellos.

No se trata de una cuestión doméstica o privada. Es, en realidad, un grave problema de salud pública y de convivencia. Y después, cuando estalla la violencia social, fingimos sorpresa.

Las empresas tecnológicas no buscan el bienestar de sus usuarios: su objetivo es mantenerlos conectados el mayor tiempo posible, porque cada segundo en pantalla genera datos y dinero. La economía digital se construyó sobre la base de capturar la atención humana, convertida hoy en mercancía. Los algoritmos recompensan la excitación, la ira y la comparación social, no la reflexión ni el bienestar. Y los jóvenes, con un cerebro aún en desarrollo, son las principales víctimas de esta adicción inducida deliberadamente y defendida por un lobby global que se resiste a cualquier regulación.

Las cifras hablan por sí solas. Los jóvenes pasan, en promedio, más de cuatro horas diarias en redes sociales fuera del horario escolar, y un 40% duerme menos de las ocho horas recomendadas. La privación de sueño afecta la memoria, la concentración y el equilibrio emocional. En paralelo, las consultas de salud mental por ansiedad y depresión en jóvenes han crecido entre 30% y 50% en la última década. La correlación es demasiado fuerte para seguir mirando hacia otro lado.

Mientras tanto, otros países ya están actuando. Finlandia restringió el uso de teléfonos en las escuelas y facultó a los docentes para retirarlos durante las clases. Australia fijó una edad mínima de 16 años para abrir cuentas en redes sociales y sanciona a las plataformas que no verifiquen la edad de sus usuarios. En Japón, varios gobiernos locales han limitado el tiempo de uso recreativo y promueven la supervisión parental. En Noruega, los colegios “sin celulares” reportan un 60% menos de consultas psicológicas y mejoras significativas en el rendimiento académico.

En Chile, en cambio, seguimos debatiendo sobre quién grita más fuerte en el Congreso, mientras crece una generación expuesta a una forma sutil de deterioro cognitivo y emocional. No se trata de prohibir la tecnología, sino de regularla con criterio y prevención, como se hace con el tabaco o el alcohol.

Urge una política de Estado que combine cuatro ejes:

• Regulación escolar, limitar el uso de celulares durante la jornada.
• Educación digital y emocional, en familias y escuelas.
• Verificación de edad y responsabilidad algorítmica para las plataformas.
• Monitoreo permanente de salud mental juvenil, con datos abiertos y políticas basadas en evidencia.

Mientras la política chilena siga atrapada en el corto plazo, reaccionando solo ante los temas que producen rabia o miedo, seguiremos postergando lo esencial: proteger la mente y el futuro de las juventudes.

El impacto del uso desmedido de redes y pantallas no es una moda. Es una crisis de salud pública y de convivencia, y cuanto antes lo entendamos, mayores serán nuestras posibilidades de evitar tener una generación dañada para siempre.