En el marco de un plan de retorno ordenado impulsado por el gobierno chileno, 31 ciudadanos nacionales fueron deportados desde Estados Unidos, arribando a territorio nacional. De este grupo, tres individuos enfrentan órdenes de detención pendientes por causas judiciales locales, lo que ha activado protocolos de coordinación entre las autoridades migratorias y los organismos de seguridad interna. La operación, que contó con la participación de múltiples entidades estatales, refleja los esfuerzos de la administración actual por gestionar los flujos migratorios de manera estructurada y conforme a los acuerdos bilaterales. Según cifras oficiales, esta iniciativa ya ha permitido la repatriación de 176 personas durante el gobierno del presidente Donald Trump, evidenciando una colaboración sostenida en materia de control migratorio. Las autoridades han enfatizado que estos procedimientos se realizan con estricto respeto a los derechos humanos y las garantías procesales, asegurando una reintegración controlada que prioriza la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.
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