El gobierno chileno activó un polémico mecanismo para enviar ayuda humanitaria a Cuba, enfrentando acusaciones de «indolencia» desde la oposición mientras defiende su decisión como un gesto humanitario. La Cancillería anunció que el auxilio se canalizará mediante una donación a Unicef desde el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), en respuesta a la «catástrofe humanitaria» que vive la isla, agravada por el bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió públicamente la medida, rechazando los cuestionamientos opositores y aclarando que la ayuda es «al pueblo cubano, no a su Gobierno». La colaboración se fundamenta en la Ley N° 20.138 de 2006, que faculta al Presidente de la República para efectuar aportes de hasta US$5 millones anuales a iniciativas contra el hambre y la pobreza a través de agencias de Naciones Unidas, garantizando así el buen uso de los recursos. Esta decisión marca un punto de tensión en la política exterior chilena, al tiempo que establece un precedente sobre cómo el país ejerce su cooperación internacional en contextos humanitarios complejos.
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