El Congreso chileno dio un paso decisivo en la creación de una nueva arma estatal contra el lavado de dinero y el crimen organizado. La Cámara de Diputados aprobó en segundo trámite constitucional el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica, cuyo artículo más polémico otorga a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la facultad de levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa. Esta potestad, sin embargo, está acotada a tres escenarios específicos: cuando el reporte de operación sospechosa provenga de un banco, cuando involucre a un funcionario público, o cuando se refiera a una persona jurídica. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca agilizar la investigación financiera. El ministro Nicolás Grau destacó que el proyecto «permite que el Estado tenga herramientas más eficientes para seguir la ruta del dinero de los grupos y organizaciones de crimen organizado». La subsecretaria Heidi Berner precisó que el levantamiento del secreto será en sede administrativa, no judicial, para lograr «análisis más apropiado y en menor tiempo posible». Además, se aprobó un incremento de cinco cupos en la dotación del SII, Aduanas y la UAF, y se visó una medida que permite a la UAF presentar una sola solicitud judicial para acceder a información de múltiples personas vinculadas a una misma operación sospechosa.
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