El gobierno chileno ha relanzado un proyecto de ley crucial para identificar a los beneficiarios finales de entidades jurídicas, como parte de un paquete de reformas incluido en el pacto fiscal. Este registro, ingresado en diciembre de 2023, busca desvelar quiénes son los verdaderos propietarios detrás de las estructuras empresariales en el país, abordando así problemas como la evasión de impuestos, el lavado de activos y otros delitos financieros. El proyecto, actualmente en tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, ha sido ajustado para definir con precisión quién constituye un beneficiario final y fortalecer la supervisión del proceso de registro. Además, establece un Consejo Consultivo que incluye representantes de diversos órganos estatales para asegurar un manejo adecuado de la información.
A pesar del apoyo generalizado para mejorar la transparencia y alinearse con estándares internacionales, hay preocupaciones sobre la calidad de los datos recopilados y la privacidad de los propietarios finales. El proyecto contempla multas significativas y sanciones para quienes no cumplan con la obligación de informar, buscando así garantizar su efectividad y disuadir conductas ilícitas. Expertos como Jeannette von Wolfersdorff y Ruby Soteras destacan la importancia de este registro para combatir la corrupción y mejorar la transparencia económica en Chile, aunque sugieren ajustes adicionales para asegurar su eficacia y proteger la privacidad de los involucrados.
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