El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha interpuesto una querella penal contra Alberto Larraín, director de la Fundación ProCultura, y Constanza Gómez, su representante legal, por presuntos delitos de apropiación indebida. La acción judicial, documentada en un escrito de ocho páginas, acusa a los imputados de desviar aproximadamente $1.015 millones de pesos de fondos estatales destinados al proyecto «Quédate», un programa de prevención del suicidio. Según el CDE, los fondos, transferidos en noviembre de 2022 mediante un convenio con la Gobernación Metropolitana liderada por Claudio Orrego, fueron utilizados para fines distintos a los establecidos, generando un perjuicio patrimonial al Estado de Chile y obstaculizando la ejecución del proyecto. El organismo ha dejado abierta la posibilidad de incluir otros delitos en la causa, centrando inicialmente su acción en los máximos responsables de la fundación, sin imputar al actual gobernador. Este caso se enmarca en las investigaciones emblemáticas sobre el uso de recursos públicos en fundaciones, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de proyectos sociales.
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