La audiencia de formalización de los cinco nuevos detenidos en el Caso ProCultura fue suspendida este sábado 31 de enero de 2026, pero el tribunal dictó medidas cautelares provisorias que mantienen a los imputados bajo control judicial. La diligencia quedó reprogramada para el domingo 1 de febrero a las 11:00 horas, mientras continúa la investigación por la presunta apropiación indebida de más de mil millones de pesos del programa de prevención de suicidios “Quédate”. El juzgado determinó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Gabriel Prado, mientras que Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, deberá permanecer recluido en el anexo Capitán Yáber. Respecto de las otras personas involucradas —María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme—, el tribunal dispuso que cumplan la medida de reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. El caso involucra al gobierno regional metropolitano, que se querelló contra ProCultura en mayo de 2024, dejando al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, con la doble figura de imputado y querellante. La investigación se centra en el convenio realizado con la Gobernación Regional Metropolitana para el programa “Quédate”, donde Larraín aparece como responsable de los fondos no restituidos.
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